El Juzgado de lo Social Nº 1 de Ourense ha condenado al Concello a indemnizar con 1.000 euros a cada uno de los 62 agentes de la Policía Local tras la denuncia de deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales.
La resolución indica que la administración municipal incumplió la normativa vigente, vulnerando los derechos de los policías a su seguridad y bienestar en el trabajo. En total, la indemnización asciende a 62.000 euros.
El Concello es denunciado por la ausencia de protocolos de seguridad adecuados, la falta de acceso a equipos de protección personal y colectiva (como cascos, escudos, pistolas Taser o pinchos para controles) y la carencia de formación específica para determinadas intervenciones.
Varios de estos elementos, en lugar de estar disponibles en los vehículos de patrulla, se encuentran almacenados bajo llave, contrariando lo que se indica en la Ley 4/2007 de Coordinación de Policías Locales y su normativa de desarrollo.
También alegaron deficiencias en las medidas de seguridad durante las pruebas de tiro y en actuaciones en la vía pública, así como la ausencia de cursos formativos continuados, lo que, en su opinión, incrementaba el riesgo en el desempeño de su trabajo.